Dice el editorial en su primera
afirmación que “bajar la edad de
imputabilidad poco aporta al abatimiento de la delincuencia juvenil”, y agrega
inmediatamente que la recolección de firmas es una “masiva protesta ciudadana
contra la inseguridad pública” para que
“el gobierno acelere soluciones que hasta ahora avanzan a paso de tortuga”.
Continúa diciendo que “no es solución bajar de 18 a 16 años la edad” para “ser
juzgado penalmente igual que los adultos”, y argumenta que esos dos años “no cambian la proclividad al delito en jóvenes
provenientes de disgregados entornos sociales”. Agrega que las experiencias
en países que han bajado la edad no han sido positivas porque no reducen la
delincuencia juvenil, solo aumentan la población carcelaria, otro problema
crítico en Uruguay.
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| Foto de subrayado.com.uy |
Continúa El Observador, que su objeción principal – la del diario, no
de los opositores políticos – es que los adolescentes delincuentes “no deben
ser imputables a partir de cierta edad sino de acuerdo a la gravedad de su
fechoría y su personalidad”. Este sistema parece ser el más acertado y
justo, y es el que se aplica en Gran Bretaña y Estados Unidos.
En estos países no hay un límite etáreo sino una conjunción del delito
y las características psicológicas y temperamentales del joven que lo comete,
lo que es analizado por expertos y sobre el informe de estos el Poder
Judicial resuelve.
COMENTO. Estoy de acuerdo que muchas firmas constituyen
una forma de expresar disconformidad con la política de seguridad que lleva
adelante el gobierno. Agobiados por la ola de violencia y robos que sufrimos
los orientales muchos compatriotas
han optado por estampar sus firmas en
las papeletas para así presionar al gobierno y exigir que haga algo porque el
problema nos ha desbordado.
Estoy de acuerdo con la
afirmación principal del editorial: bajar la edad de imputabilidad no es la
solución. Y seguramente ningún gobierno, ni siquiera uno encabezado por Pedro
Bordaberry o Luis Lacalle, manejaría esa posibilidad como positiva. Lo que
sucede – y El Observador lo dice soslayadamente – es que la inacción del gobierno obliga a la oposición política a tomar alguna
medida, a hacer algo para atender los reclamos de la gente, y el camino más
efectivo parece ser este, pues cualquier iniciativa política a nivel ejecutivo
o parlamentario está condenada a ser rechazada por la maraña frenteamplista.
También comparto que nadie se
convierte en delincuente de un día para el otro o en un período de dos años. El proceso es mucho más extenso y complejo,
e involucra a la familia, la educación y algo de lo que el presidente José
Mujica ha hablado en los últimos tiempos, la transmisión de valores.
Sobre la preocupación de la
sobrepoblación carcelaria, la solución no pasa por no procesar delincuentes ni
liberar a los que están cumpliendo pena, en todo caso habrá que hacer más
cárceles. Lamentable pero real, porque la
primer prioridad de todo gobierno es asegurar el bienestar de los ciudadanos
honestos que son los que sacan el país adelante. Los mensajes contrarios
que da el gobierno equiparando trabajadores y delincuentes frenan el
crecimiento económico y moral de la sociedad y eso es muy grave.
Bajar la edad de imputabilidad no es suficiente. Gobierno y oposición deberían
estudiar la posibilidad de adaptar el
sistema según el modelo de Estados Unidos o Gran Bretaña, pero a la vez atender las carencias de la educación y la
crisis de la familia. En esta última primero y en la educación después, es
donde cada ciudadano recibe, conserva y trasmite los valores que nos están
faltando.
Líber del Fuerte.
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