MÓDULOS METÁLICOS EN EL INAU REVELAN IMPROVISACIÓN DE LAS AUTORIDADES.

El presidente del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), Javier Salsamendi, ha manifestado repetidamente su molestia por la decisión de la jueza Estrella Pérez Azziz de prohibir el uso de módulos metálicos para albergar allí a adolescentes infractores. El INAU dijo que apelará el fallo.

ANTECEDENTES. El 13 de abril de 2011 el diario La República informó que el fiscal Enrique Viana presentó una acción de amparo para impedir que el (INAU) utilice contenedores metálicos como lugar de reclusión de adolescentes privado de libertad. El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) había autorizado a aquel instituto la implementación de aquellos contenedores para albergar allí a menores, pero el fiscal argumentó que no son adecuados “para la internación o reclusión de menores de edad” porque “el Estado tiene obligaciones constitucionales y legales de protección”. También sostuvo que se da un estado de “inconsecuencia de la responsabilidad pública del Uruguay con el Derecho Penal Juvenil, que opera a partir de los 13 años de edad”.

Agregó que el Estado “está obligado a tener centros de reclusión juveniles (…) en donde sea posible hacer efectivas aquellas privaciones de libertad de adolescentes”, y las “mazmorras metálicas” no satisfacen ese “designio legal”. Los contenedores “podrán servir como cárceles, o como jaulas, pero jamás como recintos adecuados para recluir una población juvenil”; abundó diciendo que sí son adecuados para “mortificar” y “torturar” porque son como “hornos microondas (que) recalentarán odios y resentimientos de esa juventud”.

“El Estado organiza protocolos para combatir la violencia intrafamiliar contra los jóvenes, sin embargo desde su seno prohija formas similares de violencia institucional. Su deber de coherencia fracasa”, agregó; y finaliza diciendo que “en ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí sólo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito”.

Javier Salsamendi, presidente del INAU, debió prever que los
módulos no serían aceptados. (Foto de
diarioelheraldo.com.uy)

Recuérdese que en marzo de 2009 el Relator Contra la Tortura de las Naciones Unidas (ONU) observó gravemente a Uruguay por la utilización de módulos de acero en el Penal de Libertad. Sobre estos dijo que Uruguay “los debe cerrar lo antes posible por ser absolutamente crueles, inhumanos y degradantes. Allí se realiza una violación sistemática de los derechos humanos de las personas. Cada día que están abiertos es un día más de violencia de normas establecidas en el derecho internacional y que Uruguay aceptó” (El País 28 de marzo de 2009).

COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. El coordinador del Comité de los Derechos del Niño, Luis Pedernera, recordó que las normas de 1990 en La Habana reglamentan los criterios internacionales sobre el albergue de los menores, y los módulos en cuestión “no están de acuerdo” con ellas. Uruguay “deberá pensar” los centros de reclusión y no repetir el modelo de “encierro y medicación compulsiva”.

POSICIÓN DEL INAU. El INAU ha reaccionado molesto por la decisión de la Dra. Pérez Azziz. El gerente del Sistema de Ejecución de Medidas a Jóvenes en Infracción (SEMEJI), Rolando Arbesún, dijo que lo resuelto por la jueza es un torpedo a la línea de flotación del plan de transición del INAU y recordó que “en este momento el Consejo de Educación Primaria está usando módulos similares como aulas de clases” y “nadie se escandaliza por ello”.

COMENTARIO. No entiendo la argumentación de Arbesún. Es muy diferente el uso de esos módulos en las escuelas que en el INAU. Si bien es verdad que las aulas deberían ser de material, el uso de aquellos por Primaria no habilita a que otros organismos del Estado hagan uso de ellos. En todo caso el propio Instituto del Niño debería exigir que ninguna escuela haga uso de ellos.

Tampoco es comparable la situación y el cuidado que los escolares darán a esos módulos con la situación de los infractores. Un salón metálico puede ser muy bien acondicionado y durar por el propio mecanismo de uso que alumnos y maestros hacen de él. Los escolares no destrozan centros educativos como si lo hacen los menores internados y privados de libertad.

Pero lo más grave es que el debate que se ha planteado sobre si debe usarse o no contenedores metálicos para alojar menores infractores revela la improvisación de las autoridades del INAU. No debería llamar la atención de nadie que los módulos metálicos sean declarados inviables y en consecuencia se prohíba su uso. El antecedente de 2009, cuando el Relator de la ONU criticó el uso de módulos de acero para mayores debió ser suficiente para que Salsamendi previera que no serían aceptados en jóvenes. Es una cuestión de lógica, pero el gobierno ha demostrado no poseerla, ni siquiera con sus postulados históricos de supuesta defensa de la dignidad humana.

Líber del Fuerte.