Desde hace algunos años nuestra sociedad debate los derechos de los homosexuales. Es un
debate del que la sociedad casi no participa. La mayoría de los ciudadanos mira de costado, con indiferencia y hasta
con aire de superior desgano, como si el tema no le afectara de gran forma
y mirando sobre el hombro parece decir algo así como “no es un problema mío,
que los maricas (por no decir un término mucho más grosero) se arreglen”. Pero
lo cierto es que la indiferencia y el
desinterés por ese tema que muchos creen ajeno es la causa de que en la
sociedad se impongan, de forma creciente y a paso seguro, la doble moral en la
que se sustenta esa conducta sexual.
No es un tema fácil. En un país en el que afortunadamente se puede opinar sobre cualquier
asunto en un marco de respeto mínimo y determinado; un país que se informa sobre
todos los temas, donde políticos de todos los partidos, gobernantes y
opositores, ex presidentes y aún el presidente actual pueden caminar sin
problema y mezclarse con la gente sin que sufran agresiones (salvo casos muy
aislados) ni atentados, se ha impuesto
la prohibición casi total a hablar u opinar sobre la homosexualidad.
No es una prohibición clara ni terminante como
puede ser “prohibido fumar” o “prohibido hablar con el conductor”, sino mucho
más sutil, tácita e implícita. Y es lógico que así sea, quedaría muy grosero
decretar “prohíbo hablar mal de la homosexualidad”, pero en los hechos es así, quien critique esa elección sexual corre el
riesgo de ser destituido y denunciado civil y hasta penalmente.
GRAVÍSIMA DENUNCIA. El País informa hoy que la profesora Olga Rivero que ocupaba el
cargo de directora de la Escuela Técnica de San Carlos fue separada del cargo
por realizar comentarios críticos sobre la homosexualidad en el programa Punta
Política que se transmite por canal 11 de Punta del Este.
El mal uso de la ley da a los homosexuales la característica de intocables. Una denuncia seria puede convertirse en acusación para el denunciante. (Imagen de prensacatolica.net) |
En ese programa Rivero dijo que la homosexualidad es “una enfermedad” y que se debe “vigilar”
que los docentes gays no transmitan esa condición a los alumnos.
Rivero dijo al programa de televisión que existen grupos que trabajan para llevar a
los jóvenes a la homosexualidad.
El inspector regional del Concejo de Educación Técnica
Profesional (CETP), Jorge Mauro, explicó al matutino que la directora fue
separada del cargo por otro problema ocurrido hace tres años en Lavalleja, pero
no supo decir al periodista en qué consistió ese episodio.
REACCIONES. Daniel
Melo, primer homosexual que obtuvo la tenencia de dos menores, y los grupos
Maldonado Diverso y Ovejas Negras reaccionaron de inmediato.
Melo radicó denuncia penal contra la docente por discriminación; Maldonado
Diverso anunció que realizarán una demanda por “apología del odio” y “discriminación”;
y Ovejas Negras conminó a las autoridades de la educación a instruir un sumario
administrativo. Como si fuera poco un
grupo de ediles fernandinos de los que El País no da nombres, envió una
carta al presidente de la Junta Departamental. La misiva dice en uno de sus
pasajes: “queremos dejar de manifiesto nuestro más absoluto rechazo a las
declaraciones realizadas en un canal de TV local, por parte de la Sra.
Directora de UTU de la ciudad de San Carlos, las cuales a nuestro entender
dejan en evidencia una clara postura homofóbica y agraviantes hacia toda la
Comunidad Gay”.
OPINIO: ¿ENFERMEDAD? En 1973 la Asociación
Norteamericana de Psiquiatría y en 1991 la Organización Mundial de la Salud
dictaminaron que la homosexualidad no es una enfermedad. A los profesionales de
la salud corresponde debatir, cuestionar o confirmar esa conclusión que
nosotros solo nos limitamos a acatar. Pero que
no sea una enfermedad no quiere decir que sea una conducta buena o positiva
en el sentido de que el común de la gente considera conducta buena o positiva.
Hay muchos comportamientos que sin ser enfermedades mentales no son buenos para
quienes los practican ni para la sociedad en general.
DUALIDAD DE CRITERIOS. También se observa una
dualidad de criterios. Ayer el semanario Búsqueda informó que el senador Daniel Martínez (Frente Amplio, Partido
Socialista) dijo que los productores agropecuarios que se oponen a la minería
Aratirí son enfermos mentales, sin que nada suceda. Si bien la supuesta
discriminación de Rivero es del mismo tenor, la diferencia entre los dichos de
la profesora y los del legislador está en que los productores agropecuarios no gozan de ese escudo de intocables que
tienen los homosexuales.
LO QUE REALMENTE IMPORTA. Es preocupante que las reacciones
por los dichos de Rivero se centren en una supuesta e irreal agresión a la
comunidad homosexual y que las autoridades de la educación, los ediles ni
ninguna autoridad se ocupe de lo que realmente importa que son la denuncia que
realiza la educadora.
Dijo no oponerse a que docentes gays trabajen en
los centros de estudio y llamó a las
autoridades a vigilar el comportamiento de estos para que no trasmitan su
condición a los alumnos. Esto es realmente grave y si la directora lo dice
algún motivo tendrá. Sus palabras no discriminan a nadie, denuncian una situación
realmente inquietante, porque si un profesor o profesora heterosexual “conquista”
a uno de sus alumnos y una autoridad lo denuncia toda la sociedad se indignaría
contra el “conquistador”, pero como los
homosexuales están sobreprotegidos se señala y acusa a la docente que
plantea el problema.
Rivero dijo también que hay grupos que trabajan para llevar a los jóvenes
a la homosexualidad.
Esas denuncias ¿no son verdaderamente graves? Si
las autoridades de la educación no dicen nada, ¿los padres de los alumnos tampoco se inquietan y no tienen nada que
reclamar en bien de la orientación sexual de sus hijos, sin interferencias ni
manipulaciones?
Los homosexuales suelen discriminar, atacar y ridiculizar a los católicos. Quizá sea hora de de que estos también hagan valer la ley que los ampara en su creencia. (Foto de elnuevodiario.com.ni) |
Lo que hay que investigar es si realmente hay docentes gay que seducen a los alumnos y si hay grupos
de presión que estimulan la homosexualidad en los jóvenes. Si es así, ¿a los padres no les preocupa saber dónde
actúan esos grupos ni que ambientes frecuentan?
DESPROPOSITO. Las acusaciones de los activistas
homosexuales son un verdadero disparate. Cuando se redactó y aprobó la ley Nr.
17.817 (ver texto completo en http://www0.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=17817&Anchor=)
no era para dar a los homosexuales una
categorización superior porque la misma ley ampara a otras minorías y estas
que sí hacen un buen uso de la norma no caen en la intolerancia de no aceptar
críticas ni cuestionamientos.
Es necesario acabar con los abusos que los grupos “sexualmente diferentes”
hacen de la ley 17.817 y para eso los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial
deben ocuparse del tema de forma urgente. Mientras no lo hagan privilegiarán la
homosexualidad por encima de la heterosexualidad y eso está muy mal porque
todos somos igual ante la ley.
Líber del Fuerte.
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